Sin embargo, en el Foro se tuvo conocimiento de otra batalla sorda que se libra en despachos y que puede tener efecto sobre el sector. La directora general de Consumo, Etelvina Andreu, acudió a la cita con una mina de profundidad preparada para soltar en el tanque de aguas institucionalmente tranquilas de las citas AEA. Un estudio de la UE dejaba en mal lugar a la publicidad española por haberse alzado al primer puesto por la insatisfacción de los consumidores. Andreu agradeció que por una vez se invitara al representante de la Administración a participar, en lugar de a actuar de mero agente protocolario, pero es posible que su intervención haya dejado pocas ganas de repetir la experiencia a su anfitrión.

Es más que probable que la AEA no tuviera noticia de la que se le venía encima, pues de otra forma habría preparado una de las múltiples respuestas que se podían haber dado a la velada acusación de la directora de Consumo.

La primera, que las quejas ante Autocontrol han disminuido notablemente en los últimos años, incluido el último, por lo que no se entiende muy bien el resultado de la encuesta. La segunda, que las empresas anunciantes que había en esa sala y el resto que forman parte de la AEA, son culpables de una ínfima proporción de esos casos. La tercera, que los primeros perjudicados de formas de publicidad engañosa son los anunciantes escrupulosos. Por ejemplo, es el caso de los productos milagro que florecen ante la pasividad de los organismos responsables, sean nacionales o autonómicos. En este sentido es significativo el asunto de las pulseras milagro, que han sido prohibidas en Estados Unidos como estafa, mientras que aquí sólo se cuestiona su publicidad, dada la imposibilidad de coordinar a las administraciones implicadas. Y, cuarta, que en el malestar de los españoles con la publicidad en algo tiene que influir también la comunicación institucional y la propaganda de los partidos.

Lo cierto es que, al margen de la oportunidad o inoportunidad de la directora general, los datos que expuso llaman mucho la atención y sería interesante profundizar en el origen de ese malestar. Es posible que sea la proliferación de promociones como consecuencia de la crisis, pero esa es sólo una hipótesis. Quizás sería una tarea de la propia Dirección General de Consumo el acotar unos datos que, sin más finura, resultan de poca utilidad, tanto para su propia gestión como para el sector al que con ellos se acusa.