Lo que tenía que ocurrir ha ocurrido. El análisis del nuevo esquema de financiación de TVE, aprobado y aplicado con rapidez injustificada por el Gobierno, ha sido considerado contrario a la normativa comunitaria en lo que atañe al pago de un canon por parte de las operadoras de telecomunicaciones. Según el disparatado planteamiento del ejecutivo, estas compañías iban a pagar un canon sobre su actividad global, con el injusto argumento de que, dentro de ésta, hay aspectos que compiten en el mercado televisivo.
A resultas de este planteamiento, el canon iba a superar con mucho la facturación total por estas actividades de cualquiera de esas operadoras. Es probable que dicha competencia llegue con el tiempo a ser significativa pero, si eso ocurre, lo lógico sería que la tasa se aplicase sobre esa parte concreta de su negocio y no sobre la totalidad, sometida ya y como es lógico, a su propia tributación específica. Para más escarnio, pocos días antes de conocerse la decisión comunitaria sobre TVE, se supo además que Francia, en cuyos planes se inspiró la reforma española, ha desistido de llevarlos a cabo (ya había tenido antes un revés jurídico en Bruselas) al menos hasta 2014.
En fin, que el disparate era de tal calibre que lo que tenía que pasar, pasó. Ahora se prevé un tenso tira y afloja por el que las operadoras se negarán a pagar, mientras que el Gobierno les exigirá el canon con la promesa de devolvérselo cuando el procedimiento comunitario llegue a su fin. Y esa exigencia será muy fuerte pues RTVE está, según parece, al borde de la falta de recursos. Nos imaginamos que la vicepresidenta, muñidora de todo ese dislate televisivo, utilizará todas las armas en su poder para conseguir ese adelanto a cuenta, armas en positivo o en negativo. Por lo que se está viendo últimamente (CIS), no se anda con contemplaciones.
Ante esta situación, la Asociación Española de Anunciantes, que como es lógico debía de tener muy claro que llegaría este momento, ha contestado en cuestión de horas con el ofrecimiento de los anunciantes españolas para acudir al rescate del Ente Público, invirtiendo en publicidad en TVE los 250 millones de euros en juego. Es obvio que el Gobierno no puede actuar en contra de las leyes, especialmente de aquellas que ha impulsado como si le fuera la vida en ello, pero hay que alabar la previsión de la AEA. Incluso si su resultado práctico fuera sólo haber recordado a la ciudadanía que la publicidad le ha estado proporcionando durante medio siglo un servicio público gratuito.
Hecho el análisis de urgencia, pues todo esto ha ocurrido el día en que se escriben estas líneas, lo que no queda claro es qué solución tiene guardada bajo la manta el Gobierno. Si no tuviera ninguna sería el colmo de la imprevisión, por no llamarlo prepotencia.