La publicación de la lista de solicitudes de nuevas extensiones para los nombres de dominio anunciada en las últimas fechas por la ICANN abre nuevos interrogantes sobre cómo afectará a la protección de las marcas online. El mayor de todos, ligado a cómo responderá el usuario final a la nueva situación, puesto que todavía se relaciona más con los dominios nacionales o con los .com en la mayoría de sus incursiones en la Red, en buena parte debido a la preponderancia de estas extensiones en los resultados que ofrecen los buscadores.
A corto plazo, la tendencia parece indicar que habrá un pequeño número de nuevas extensiones que captarán la atención de los navegantes, actuando como faros, puntos de referencia inequívocos para las empresas o instituciones a los que hagan referencia, mientras que una gran cantidad de las casi 2.000 nuevas extensiones solicitadas permanecerá en el anonimato. Una situación que no empañará, sin embargo, el nuevo impulso que tomarán tanto la competencia y creatividad como el interés por Internet.
En España, las 15 solicitudes presentadas vienen, principalmente, de instituciones y grandes compañías. Nombres como Zara, Mango, BBVA, la Caixa, Movistar, Telefónica, Terra, SEAT o la empresa de ingeniería SENER conviven en la lista con la Comunidad de Madrid, la Generalitat de Catalunya, el ayuntamiento de Barcelona o dos asociaciones en defensa del gallego y el euskera. Y a nivel mundial destacan sobremanera dos nombres: Amazon y Google, responsables de la solicitud de unas 180 extensiones. Esto confirma las predicciones de que la mayor parte de solicitudes procedería de grandes marcas, y en la lista encontramos también grandes nombres internacionales como Microsoft, L’Oreal, McDonald’s, Canon, DHL, Walmart, Sony, Samsung, Toyota, Fiat, Ferrari, Maserati, Lancia, Alfa Romeo, Iveco o Gucci.
Sin embargo, tanto las grandes firmas como las PYMEs han mostrado ya sus preocupaciones. Las primeras, por los posibles riesgos que tendrá para la protección de sus marcas. Las segundas, por cómo afectarán las nuevas extensiones a la indexación en buscadores. Google, principal motor de búsqueda en nuestro país, ha tomado posiciones y avanza que tener el control de la extensión no implica una visibilidad inmediata en los motores de búsqueda. Por tanto, el esfuerzo para solicitar una nueva extensión gTLD –el coste de la tramitación de la solicitud supera ampliamente los 130.000 euros– podría acabar siendo demasiado costoso. Y su mantenimiento –con un coste anual similar al inicial– una odisea infructuosa. Al menos, si se considera sólo desde la óptica del registro de dominios.
Pero el proceso de registro de nuevos gTLDs tiene mucho que ver con la decisión de llevar a cabo una estrategia de marketing adecuada para explorar nuevas oportunidades de negocio y proteger la marca en Internet. El soporte por parte de socios como Nominalia es esencial para las empresas interesadas en conocer los pasos que hay que dar durante este periodo de grandes cambios en Internet, ofreciéndoles un servicio de consultoría completo en todos los aspectos de la presencia online de empresas y profesionales.
Por Claudio Corbetta, consejero delegado del Grupo Dada (Nominalia.com)