La campaña electoral catalana está anticipando la dirección en la que van a caminar las campañas electorales en España en los próximos años: un discurso oficial, sostenido por los cabezas de cartel en sus mítines y piezas reglamentarias de campaña, y otro discurso oficioso, teóricamente surgido de manera espontánea de las bases de esos partidos, y materializado en vídeos para internet (en realidad para los medios) a los que se puede adherir una larga lista de calificativos peyorativos que ahorraremos al lector.
La irrupción de internet en las campañas electorales en España no es un fenómeno nuevo, ni tampoco la búsqueda rabiosa de la viralidad en base a estas producciones espontáneas. Lo lamentable sería que de las inmensas posibilidades de la red, demostradas de forma impecable por la famosa campaña de Obama, los partidos empezasen a apostar principalmente por las más escandalosas y, probablemente, más contrarias a sus intereses y a la categoría de producto que representan. Como puede verse en Facebook, los partidos catalanes están consiguiendo unos pocos miles de seguidores, frente a los muchos millones que se obtienen cuando una de estas joyas de la comunicación es reproducida por toda la red y salta a los informativos.
Pero, suicidio de categoría aparte, cualquier asesor de comunicación experto en marcas podría hacer trizas esta estrategia dual, que más bien puede llevar a desmotivar al electorado, al convertir en charada un asunto tan serio, que a movilizarlo. Por otro lado, deja entrever lo que piensan los políticos de internet: es el reino del todo vale.
No vamos a lamentarnos otra vez del diferente trato que las leyes españolas dispensan a los mensajes comerciales, de un lado, y a los políticos, por otro. Es lo que hay. Pero sí se les puede pedir a los políticos que no se rasguen las vestiduras hipócritamente cuando, muy de tarde en tarde, aparece algún problema en una campaña comercial. Y, por supuesto, que abandonen su vieja tradición de hacer a la publicidad culpable de todos los males, de la anorexia a la obesidad infantil (como ahora pretende la nueva ministra de Sanidad con su proyecto de prohibir las promociones con juguetes de las cadenas de comida rápida). No sería de buen gusto, pero en la próxima reunión a la que las asociaciones del sector fueran convocadas por alguna administración pública para pedirles que “se porten bien”, éstas podrían comenzar pasando una bobina de las hazañas comunicacionales de los partidos en campaña electoral.