O mejor deberíamos decir, que pague la tele. Y lo que habrá de pagar en este caso será la devolución del canon que las operadoras telefónicas están abonando por mor de la nueva ley de financiación de RTVE, que sacó a la publicidad de las cadenas estatales en 2009.
Todas las fuentes jurídicas que hemos consultado nos han contestado lo mismo: Bruselas resolverá en contra de ese canon. Probablemente eso ya lo sabía el propio Gobierno antes de someter de urgencia el proyecto a la comisión legislativa del Parlamento, a poco que se hubiese leído el preceptivo informe del Consejo de Estado. Aunque a lo mejor no lo hizo porque, según él, tal informe era sumamente positivo para el texto. Paradojas del destino, la principal muñidora e impulsora de la nueva ley, se supone que con el apoyo de su presidente, es decir, la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, ha recibido en prendas por sus servicios un puesto en el citado Consejo, al que ignoró tranquilamente en el caso que nos ocupa.
Ironías aparte, o ironía sobre ironía, ante esta situación sin duda preocupante y las enormes dificultades que tiene el Ente para sostenerse económicamente, incluso ahora, canon de operadoras incluido; la AEA, rápida de reflejos, propuso la vuelta de la publicidad a la televisión pública en condiciones limitadas y pactadas.
La propuesta ha dado ya lugar a alguna reunión, lo cual apunta a que no es del todo utópica y, de hecho, desde el principio ha tenido la asociación de anunciantes la habilidad de presentarla en términos posibilistas. Hay factores positivos y negativos que van a influir en que esa negociación, si se formaliza, llegue a buen puerto. Entre los primeros, justamente, el hecho de que la promotora de la ley no está ya entre los interlocutores. Dar un paso atrás, aunque fuera pequeño, habría sido para ella reconocer un error. Pero, entre los negativos hay muchos más. El primero, la temida y temible reacción de UTECA. El segundo, que cambiar una ley requiere pasar de nuevo por el Parlamento y, si se hace mediante una interpretación o reglamento, parecerá que se hace a escondidas. Y, el tercero, que los procesos legales no son rápidos en las instancias europeas y las elecciones generales se sienten cada vez más cerca. La tentación más obvia en estas circunstancias sería esconder el problema debajo de la alfombra para que lo solucione como pueda el siguiente, aunque para entonces el tal problema haya engordado y finalmente sean todos ciudadanos los que se vean perjudicados. Objetivo, por tanto, difícil para la AEA. Pero su deber es intentarlo.