El desarrollo del Estado de las Autonomías seguro que ha tenido una buena cantidad de efectos positivos en la sociedad española, aunque como toda materia política, es algo altamente opinable.

Lo que no es tan opinable, porque se han hecho estudios al respecto, es que entre los efectos nada positivos de esta forma de organización están los que han perjudicado a la unidad del mercado con la consiguiente pérdida de competitividad de nuestras empresas. En nuestro ordenamiento jurídico se dice proteger la unidad de mercado pero, al tiempo, se transfiere un alto número de competencias sobre ese mercado a las comunidades autónomas. Y ya sabemos que si existe la potestad de regular en específico para una comunidad, ningún gobierno autonómico va a resistir la tentación de hacerlo, llevando la barrera de sus competencias hasta el último límite. Eso ha dado lugar a numerosos recursos en el Tribunal Constitucional, y también a amonestaciones desde Europa, pero en otras ocasiones no ha sido así porque no se ha querido entrar en esa pelea, o porque se consideraban materias residuales.

Y una materia especialmente perjudicada en todo este proceso ha sido la del marketing desde el lado del anunciante. No desde el lado de la agencia, que muchas veces ha podido incrementar su facturación en base a las diferentes versiones de las campañas que hay que hacer en estos momentos. Sectores especialmente perjudicados han sido el financiero, las bebidas alcohólicas, y algún otro, pero también materias comunes a todos ellos, como las rebajas, las promociones, la publicidad exterior o los controles al contenido publicitario. De eso, y del dinero que les cuesta cada año saben mucho todos los anunciantes españoles que operan en más de una comunidad.

Durante años, este asunto parecía haberse tenido por menor, tanto desde el lado gubernamental como de las organizaciones empresariales. Pero llegados a hoy, cuando se intentan ganar por todos los medios décimas de competitividad para nuestras empresas, y los puestos de trabajo que ellas implican, ha pasado por fin a ser un asunto a tener en cuenta. No podemos más que alegrarnos de que sea así.

No obstante, las posibilidades de que se cambie la tendencia al enmarañamiento normativo que enturbia la actividad empresarial y el mercado único y empecemos a caminar por la senda del acompasamiento y la eliminación de barreras, resultan escasas. Ya se sabe que en el Estado el órgano acaba por sobreponerse a la función. Pero, como decíamos en nuestro anterior editorial sobre la financiación de RTVE, la batalla hay que darla. Ahora que por fin el tema ha entrado en la agenda política, sería bueno que las organizaciones publicitarias y de marketing se sumaran a esta corriente públicamente, para que gobernantes y ciudadanos entendieran mejor lo que nos jugamos si seguimos erigiendo barreras artificiales en nuestro propio mercado.