Según el informe elaborado por EAE, en España las empresas de más de 100 trabajadores que se consideran innovadoras suponen el 28,5%. Entre 2010 y 2015, hubo una bajada de la inversión en I+D+i situándose en torno a los 1.400 millones de euros, lo que representó una caída de un 9,71%. En 2015 el PIB vuelve a los niveles del 2010 y aumenta la inversión en I+D+i un 5,5%, tanto a través de la administración pública como de la enseñanza y la empresa privada; esto es debido a que el aumento de las exportaciones obliga a mantener unos niveles de I+D+i superiores con el fin de no perder competitividad y presencia en mercados exteriores.
Analizado por sectores, cabe destacar la subida de 66% en inversión en I+D+i del textil y la caída de los servicios financieros en un 30%. El informe de EAE concluye que nuestro gasto en I+D+I debería crecer en los próximos años por encima del 4% anual para, al menos, no perder los niveles actuales. Se debe acelerar, asimismo, la estrategia digital de las empresas para poder obtener los máximos beneficios a la inversión.
Según EAE, la posición competitiva de España en el plano de I+D+i es preocupante porque está alejada de los países de referencia para nuestra economía y además esa distancia tiende a aumentar. Es cierto que en los cinco últimos años los esfuerzos en I+D+i de la mayoría de los países que nos rodean apenas crecieron, como cabría esperar de la crisis global que todos hemos padecido, sin embargo, en España no solo no se estancaron sino que decrecieron un 9% acumulado. A pesar de ello, parece que en nuestro país tenemos un suelo bastante sólido en lo que respecta a los tres grandes tipos de financiación, pública, privada y de las propias empresas, lo que parece reforzar la idea de un núcleo de innovación que perdura en el tiempo independientemente de las condiciones macroeconómicas y sociales del país.
¿Cómo invierten las empresas españolas? Inversión pública y privada.
Las empresas españolas innovadoras enfrentan, entre otros, dos problemas ya conocidos entre sus homólogas europeas: las políticas públicas no estimulan la innovación con regulaciones, trámites, solicitudes de ayudas más acordes con este tipo de actividades innovadoras, y las Universidades y centros de investigación no proporcionan suficientes recursos a las empresas innovadoras, que aparentemente tampoco colaboran con esos centros en la producción de esos recursos. El problema es coyuntural, pues la I+D+i es una partida candidata sistemáticamente a ser recortada en cuanto surjan problemas de financiación, pero también estructural en tanto que no acabamos de invertir la tendencia que nos aleja del puesto que deberíamos ocupar por el tamaño y solvencia de nuestra economía. Es muy posible que no haya suficiente confianza en el retorno de esas inversiones, o bien que, creyendo en él, no se disponga de los suficientes recursos ni estímulos de financiación en un contexto macroeconómico gobernado por el corto plazo.
Si fijamos la atención en los países líderes y en el conjunto de la UE, cabe preguntarse en primer lugar si no sería más productivo un sistema de I+D+i con menor dependencia del sector público que estuviera a cubierto, al menos en parte, de los vaivenes presupuestarios a escala macroeconómica. Y ello a pesar de que, según afirma el informe de EAE, las empresas innovadoras reclaman menos ayudas y apoyos (15%) que sus homólogas no innovadoras (30%). Por otra parte, todo apunta a que un sector empresarial mucho más comprometido con el I+D+i y con su repercusión estratégica en los negocios, permitiría acercarnos a los lugares de inversión correspondientes a la dimensión de la economía española. Ese cambio cultural y estratégico que ya tiene lugar en muchas actividades económicas, ha de ser extendido a muchas más. Según el informe, es indispensable que áreas como el turismo, la construcción, el agroalimentario o la educación en las que España posee una posición destacada en el concierto mundial se beneficien de la ampliación de inversiones en I+D+i por parte del sector empresarial: la revisión competitiva de los modelos de negocio permitiría identificar prioridades de desarrollo un marco de colaboración público-privado, en el que la universidad ha de jugar un papel destacado. La consecuencia previsible sería lograr mayores cotas de inversión y, por supuesto, de rendimiento de las mismas. Afortunadamente, hay constancia de numerosos casos de éxito que podrían ser replicados como buenas prácticas con menor riesgo y plazo de implantación.