Esta es, por ahora, la consecuencia más sonada de la aplicación por parte de los grupos de comunicación que cotizan en la bolsa estadounidense de la ley Sarvannes Oxley, que obliga a que la información facilitada por las compañías sea transparente. Como consecuencia de esas obligaciones, el grupo Interpublic, al que pertenece McCann tuvo que sacar a la luz una auditoría interna que, a su vez, le llevó a devolver a sus clientes ingresos conseguidos por negociaciones con terceros proveedores. Aunque en las prácticas habituales en España y otros países europeos, los anunciantes dan por descontado que existen esos ingresos, especialmente en el caso de las agencias de medios, la ley estadounidense no puede ser obviada por estos grupos, por lo que se han visto obligados a trabajar sobre otras bases, principalmente por honorarios de gestión, o bien mediante un contrato por el que el anunciante cede esas ventajas, aunque son pocos los anunciantes que admiten por escrito lo que en realidad estaba ocurriendo.El conflicto entre McCann y la AEAP se comenzó a gestar a finales de marzo, cuando McCann y su agencia de medios Universal Media, anunciaron que trabajarían en régimen de transparencia total con sus clientes, incluyendo una auditoría de su cuenta (a lo que no obliga la ley estadounidense). La afirmación de que ambas eran las únicas compañías que podían garantizar la total transparencia en España ya levantó muchas críticas en el resto de agencias. La campaña de marketing directo dirigida a anunciantes en la que se repetía la afirmación, ha derivado en esta ruptura.