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La Ley de Financiación de RTVE, aprobada hace ahora un año, estipula que las compañías de telecomunicaciones deben aportar al presupuesto del ente un 0,8% de sus ingresos, lo que supondría unos 250 millones de euros anuales.

El mismo día que se conocía la noticia del dictamen desfavorable de Bruselas a esa aportación la Asociación Española de Anunciantes (AEA) proponía a través de un comunicado financiar al menos esa cantidad “a través de una inversión publicitaria responsable, razonable y no saturadora”, para que la solución no fuera repercutir esa parte del presupuesto “en forma de tasas o impuestos al ciudadano español”.

De ser aceptada esta propuesta, que en cualquier caso vuelve a poner sobre el tapete el valor que tiene la publicidad en cuanto fuente de financiación de los medios, supondría el retorno de la publicidad a TVE, aunque en unos parámetros bien diferentes a los que habían definido su presencia anteriormente y también distintos al del resto de los operadores televisivos, pues su limitación sería mayor.

No obstante, habría que ver cómo sería aceptada la idea por las televisiones privadas, que en aplicación de la ley deben aportar a la financiación de TVE un 3% de sus ingresos brutos, en el caso de cadenas en abierto, y un 1,5% si son de pago. TVE dejó de emitir publicidad el pasado 1 de enero, en contra de los deseos del sector publicitario el cual una vez conocida la decisión del Gobierno, desarrolló una intensa labor de lobby en oposición a la misma.