La desinformación se consolida como un riesgo sistémico con impacto directo en la economía global. Según el último informe de Sopra Steria, este fenómeno habría supuesto un coste de 417.000 millones de dólares en 2024 y cerca de 500.000 millones anuales a nivel mundial desde 2019.

El estudio, titulado “The Global Economic Impact of Disinformation”, ofrece por primera vez una cuantificación multidimensional del impacto económico de la desinformación, según una nota de prensa de la compañía. La investigación combina metaanálisis, análisis de casos reales y modelización económica bajo una metodología inspirada en los protocolos del IPCC.

Un riesgo económico con tres grandes impactos

El informe identifica tres áreas principales afectadas por la desinformación: el ámbito financiero, el social y el político. Los datos reflejan que su alcance va mucho más allá del ecosistema mediático, afectando a empresas, instituciones y consumidores.

  • Impacto financiero: entre 353.500 y 456.400 millones de dólares. Incluye fenómenos como reseñas falsas, manipulación de mercados, fraudes con inteligencia artificial (como deepfakes) y los ingresos publicitarios de webs de desinformación.
  • Impacto social: hasta 19.900 millones de dólares, derivados de efectos en la salud pública, la salud mental, la polarización social y la pérdida de confianza institucional.
  • Impacto político: hasta 40.100 millones de dólares, vinculados a interferencias electorales, campañas de propaganda y costes asociados a la protección de procesos democráticos.

El sector financiero, especialmente expuesto

El análisis destaca al sector financiero como uno de los más vulnerables. Su dependencia de la confianza y la información lo convierte en un objetivo prioritario para campañas de manipulación.

Cuando la desinformación impacta en sectores concretos —por ejemplo, a través de boicots o alteración de la percepción pública—, sus efectos se trasladan de forma inmediata a los flujos económicos, desde el consumo hasta la inversión.

Brecha entre el negocio de la desinformación y su control

Uno de los puntos más relevantes del estudio es la desigualdad entre los beneficios que genera la desinformación y los recursos destinados a combatirla. Mientras actores maliciosos pueden obtener miles de millones mediante contenido fraudulento, el presupuesto global dedicado al fact-checking no supera los 100 millones de dólares. Esta brecha, según el informe, pone en riesgo la estabilidad económica y debilita la confianza necesaria para el funcionamiento de los mercados y las democracias.

El informe apunta a la necesidad de integrar la desinformación en las estrategias de gestión de riesgos, al igual que ocurrió con la ciberseguridad en décadas anteriores. Esto implica desarrollar capacidades de vigilancia, detección y respuesta, así como reforzar la colaboración entre empresas, instituciones públicas y expertos.